Dolores Delgado salva el rescate de Plus Ultra con un juez sustituto y la Intervención General

La Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado ha logrado salvar el rescate de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra en los tribunales. Para ello, ha forzado un cambio de criterio de la fiscal del caso, se ha aprovechado de las vacaciones de la jueza que había decretado la suspensión y de la presencia de un juez sustituto, y ha utilizado a la propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para justificar que no hay perjuicio al erario público. Todo lo que hiciera falta con tal de desbloquear la entrega de los 34 millones que faltan del polémico rescate impulsado por el Gobierno, aunque en el futuro haya condena por malversación y fraude en subvenciones.

La resolución, como se suele decir, se ha tomado con ‘agostidad’ y alevosía, justo cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Esperanza Collazos, que decretó el bloqueo de las ayudas el 21 de julio, está de vacaciones y su puesto lo ocupa de forma temporal el juez sustituto Jaime Serret Cuadrado. La decisión podía haber esperado a septiembre, cuando volviera la titular. Este juez se limita a seguir el nuevo criterio de la Fiscalía y a apoyarse en el informe de la IGAE.

Pero también mete de su cosecha varias ‘morcillas’ que denotan escasos conocimientos de economía y empresas. Así, entre los argumentos para justificar que entregar los 34 millones a Plus Ultra no implica riesgo de que el Estado pierda ese dinero cita que «en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE [Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas] se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones» y que «en caso de imposibilidad de PLUS ULTRA de la amortización del préstamo, el FASEE tiene la posibilidad de transformar las deudas impagadas en capital social de la empresa».

Es bien sabido que transformar un préstamo en capital implica pérdidas, porque si la empresa no puede pagar sus deudas es que su valor patrimonial es muy inferior a las mismas. Además, hace falta encontrar un comprador de esas acciones que pague al menos el valor del crédito, lo que suele ser imposible.

La obviedad de la IGAE que se usa para justificar el desbloqueo

Pero además, el Gobierno ha obligado a la IGAE a elaborar un informe para justificar el desbloqueo. Dicho informe «concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial para el Fondo», como no puede ser de otra manera, puesto que aún no ha habido impago del préstamo (faltan siete años para exigirlo) y que el Fondo está dotado con 10.000 millones, por lo que entregar 34 no lo pone en peligro.

Una obviedad que, sin embargo, tanto la fiscal María Luisa Llop como el juez Serret interpretan en el sentido de que desbloquear el rescate no va a tener impacto en las cuentas públicas, cuando resulta evidente que lo que creará un quebranto es su posible impago futuro, no su entrega. Justo el riesgo que pretendía evitar la medida cautelar de bloqueo del dinero. Ambos también aluden a la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la denuncia del rescate de Plus Ultra porque no considera que haya menoscabo para el erario público.

El bandazo de la Fiscalía que ‘compra’ el juez

Precisamente, el cambio de criterio de la Fiscalía ha sido crucial para esta decisión del juez, que básicamente ‘compra’ sus argumentos a favor del desbloqueo. Inicialmente, la fiscal Llop apoyó la decisión de suspender la entrega de los 34 millones -en contra del criterio de la Abogacía del Estado-. La excusa para este bandazo es que la jueza ha pedido un peritaje independiente sobre el posible incumplimiento de los requisitos de las ayudas públicas (ser una empresa estratégica y que sus dificultades sean puntuales derivadas del covid) y que Plus Ultra ha justificado que, sin los 34 millones, sería inviable aduciendo un impacto de 365 millones… si bien el grueso de esa cifra sería un impacto indirecto de difícil justificación, como informa Vozpópuli.

Además, tanto la fiscal como el juez toman como cierta la afirmación de la aerolínea de que los principales perjudicados si no se entrega el rescate serían los pasajeros que ya han comprado un billete, puesto que corren el riesgo de quedarse en tierra.

Pero ambos van más allá y aseguran que «no hay el más mínimo indicio» de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular: ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni de fraude en subvenciones (de prevaricación no dicen nada). Aquí, tanto la fiscal como el juez rizan el rizo al justificarse en que el rescate fue avalado por dos asesores externos a la SEPI (Daiwa y Deloitte). Obviamente, el rescate ya había sido avalado por ellos cuando la jueza titular decidió el bloqueo; es decir, Collazos era perfectamente consciente de ello y, aun así, adoptó esta medida cautelar. Y no ha cambiado nada desde entonces.